La Asamblea Nacional francesa aprobó una ley antipiratería bajo la cual los usuarios acusados tres veces de compartir archivos ilegalmente perderían su acceso a internet.
Los usuarios franceses de internet que comparten música o videos sin permiso de los dueños de los derechos de autor están un paso más cerca de perder su acceso a internet, después de que la Asamblea Nacional francesa diese su consentimiento a la llamada ley Hadopi. La ley tuvo su primera presentación en el Senado el año pasado.
Bajo la nueva ley, los dueños de los derechos de autor tendrán el derecho de monitorear las redes para compartir archivos y denunciar a la gente que ellos sospechen de piratería ante un nuevo ente regulador, la Alta Autoridad para la Distribución de Trabajos y la Protección de Derechos en Internet, conocida en francés como Hadopi.
La autoridad enviará un mensaje electrónico a aquellos acusados de distribuir trabajos con derechos de autor sin permiso, advirtiéndoles que no lo vuelvan a hacer –sin identificar por cuáles trabajos fueron acusados de compartir o copiar. A los reincidentes podría suspendérseles el servicio por hasta tres meses y, de volver a hacerlo, hasta un año. En cada caso, su nombre será añadido a una lista negra que prevendría que se suscribiesen a un ISP diferente durante el periodo de la suspensión. Los ISPs tendrán 15 días para efectuar las suspensiones, o se arriesgan a una multa de €5.000 (US$ 7.500).
Los grupos de libertades civiles y software libre actuaron inmediatamente.
Aunque algunos diputados, incluyendo algunos miembros de UMP, buscaron enmendar la propuesta, “Ninguna de las aberraciones técnicas, molestias económicas o ataques serios a nuestros derechos fue removido, aunque todos fueron expuestos en detalle”, escribió en un e-mail Jérémie Zimmermann, vocero de La Quadrature du Net.
Entre las pocas concesiones hechas a los diputados que se opusieron, Los usuarios de internet cuyo acceso fue suspendido por Hadopi no tendrán que continuar pagando por su ISP mientras la suspensión esté impuesta. Otra explica que los dueños de derechos de autor que viven en un paraíso fiscal no serán capaces de invocar la ley.
Las conexiones inalámbricas abiertas o invitados que no respeten las leyes podrían meter en problemas a los suscriptores de internet por las acciones de terceros, pero la ley exentará a quien acepte instalar un filtro aprobado por el gobierno en sus computadoras.
Sin embargo, la ley no hace ninguna provisión para la interoperabilidad con sistemas como Linux o el uso de programas de filtraje libres y de código abierto que servirían al mismo propósito: es un ataque al software libre, dijo April, una asociación para la promoción y defensa del software libre.
Mientras que tiene una industria fuerte de software libre, “Francia se burla de ella misma al sabotear una de sus mayores ventajas competitivas”, escribió en un correo electrónico el vocero de April, Frédéric Couchet.
Aquellos que se oponen a la ley francesa también advierten que podría amenazar la neutralidad de la red, ya que tal vez los ISPs se vean forzados a filtrar el tráfico de internet. El artículo 5 le permite a la corte imponer cualquier medida necesaria, técnica u otra, para acabar o prevenir con violaciones de los derechos de autor por usuarios de internet. Enmiendas orientadas a limitar las limitar las medidas proporcionalmente a la ofensa, o darle la responsabilidad a aquellos que publicas o albergan el contenido antes del ISP, fueron desechadas.
Solo 33 de los 577 diputados de la Asamblea Nacional asistieron al debate vespertino; 29 de aquellos presentes votaron a favor y cuatro se abstuvieron. Aunque el proyecto de ley fue fuertemente cuestionado, incluso por algunos miembros del partido de gobierno, el UMP, la mayoría del gobierno aseguró que sería aprobada, lo cual tal vez explica la poca asistencia.
Hadopi aun tiene camino por recorrer antes de entrar en efecto. Una comisión mixta compuesta por miembros del Senado y la Asamblea Nacional nominados por el gobierno primero deben reconciliar diferencias entre los textos votados por ambas cámaras del parlamento. Antes de que el Presidente firme el texto que será ley, senadores y diputados tendrán la oportunidad de desafiar su validez al referirlo al Consejo Constitucional.
Los opositores a la ley podrían obtener ayuda de los legisladores en Bruselas: la ley Hadopi pone al gobierno francés en conflicto con el Parlamento Europeo, que el mes pasado declaró el derecho al acceso a Internet tan vital para la educación, y enmendó un borrador de una ley de telecomunicaciones para asegurar que sólo el poder judicial tendría la autoridad de suspender a alguien su servicio a internet. Las versiones de la ley apoyadas por el Parlamento, la Comisión Europea y el Consejo de Gobiernos ahora deben reconciliarse, y el gobierno francés está presionando para que el texto sea cambiado para permitirle a “cualquier autoridad legal competente” el ordenar la suspensión al acceso a internet.
El gobierno de Nueva Zelanda retiró el mes pasado su ley antipiratería de los “tres strikes” en respuesta a la crítica generalizada, pero planea introducir una versión revisada.
En Suecia, una ley antipiratería parecida entró en efecto el 1 de abril, permitiéndole a los dueños de trabajos con derechos de autor aplicar por una orden de la corte para identificar usuarios de internet anónimos que fuesen encontrados compartiendo trabajos son permiso. El día después de que la ley entró en efecto, el tráfico de internet de Suecia bajó entre 30 y 50 por ciento, después.
Por Peter Sayer
IDG News Service (Agencia de París)